El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió esta semana por primera vez en el año y definió algunos de los lineamientos que tendrá el próximo Plenario de Rectores que se llevará a cabo en Córdoba con la organización de la casa de estudios homónima el 8 y 9 de abril.
Respecto de la adhesión a la “ley Micaela”, sancionada a fines del año pasado y que obliga la capacitación en violencia de género de todos los funcionarios del Estado, los rectores acordaron iniciar una campaña de concienciación en las universidades y expandir su alcance con el acuerdo del próximo plenario. La medida estará a cargo de la rectora coordinadora de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE), Prof. Sandra Torlucci.
Asimismo, presidencia y vicepresidencia, por iniciativa del Comité, serán responsables de transmitir la preocupación compartida entre los rectores del sistema público universitario del país por la situación presupuestaria que está atravesando el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Para abordar el tema, el Dr. Francisco Tamarit, miembro de Directorio del CONICET, analizó la actualidad del organismo en el que se desempeña como representante del sistema universitario junto a los rectores. En ese sentido, se reclamará el monto 2018 adeudado y una partida presupuestaria extra que se sustenta en que casi el 70 por ciento de los investigadores trabaja en las universidades públicas. Esa partida extraordinaria ya había sido aprobada en el Presupuesto 2019.
Por otra parte, se conformará una comisión de rectores cuyo objetivo será la organización de las actividades que se realizarán en el marco de la conmemoración de los 70 años del establecimiento de la gratuidad universitaria durante 2019. La agenda de actividades comenzará el 8 de abril, con un acto en la ciudad de Córdoba en el marco del próximo plenario del CIN.
En ese sentido, vale aclarar que el 22 de noviembre del año 1949 se promulgó el Decreto N° 29337 que estableció la gratuidad de la educación superior en el territorio nacional. Esta medida buscó que no quedaran inteligencias perdidas por exclusión económica y sentó las bases para el ascenso social como fruto digno del esfuerzo, del estudio y del trabajo para toda la población argentina, especialmente de los más humildes.
Finalmente, el Comité Ejecutivo resolvió solicitar al Congreso cambios en la ley de las obras sociales universitarias para igualarlas a las sindicales, en cuanto a que puedan tener un fondo de cobertura de segundo nivel, con participación del Estado. También, se requerirá analizar cuestiones sobre costos de medicamentos y tratamientos especiales, para que el Estado se ocupe de negociar con los laboratorios y no tengan que hacerlo las obras sociales o los particulares.