Las rectoras y los rectores de instituciones universitarias públicas abajo firmantes, reunidos en el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), manifestamos nuestra profunda preocupación y nuestro rechazo a la propuesta de modificación del régimen de protección de tierras avanzando en la eliminación o flexibilización de los límites a su extranjerización.
Nuestra posición es, ante todo, una manifestación en defensa de la soberanía nacional, sustentada en el conocimiento científico y técnico que producen nuestras universidades públicas.
Las universidades cuentan con carreras, centros, institutos y equipos de investigación especializados en ciencias ambientales, ingeniería ambiental, geología, antropología, biodiversidad, recursos naturales, ordenamiento territorial, producción y desarrollo regional. Ese conocimiento acumulado permite advertir sobre los riesgos ambientales, sociales, económicos y geopolíticos asociados a los procesos de concentración y extranjerización de la tierra, particularmente cuando involucran territorios fronterizos, fuentes y reservas de agua, bosques nativos, áreas de biodiversidad, recursos minerales y otros bienes naturales estratégicos.
La tierra no puede ser concebida únicamente como una mercancía o un activo financiero. Es territorio, ambiente, producción, identidad, comunidad y soberanía. En ella se encuentran recursos indispensables para nuestro presente y, fundamentalmente, para las próximas generaciones.
En un escenario internacional atravesado por una creciente disputa por el agua, los alimentos, la energía, los minerales y los recursos naturales, resulta particularmente preocupante promover mecanismos que puedan facilitar la adquisición de grandes extensiones de nuestro territorio. Más grave aún sería habilitar instrumentos contractuales que permitan que controversias vinculadas con esas propiedades o inversiones puedan quedar sometidas a jurisdicciones o marcos jurídicos externos al Estado argentino.
No se trata de rechazar inversiones ni de promover el aislamiento, se trata de establecer una distinción elemental: la inversión extranjera puede contribuir al desarrollo nacional, pero nunca debe significar la pérdida de capacidad del Estado argentino para decidir soberanamente sobre su territorio y sus recursos estratégicos.
Las universidades públicas tenemos la responsabilidad de intervenir en este debate. No solamente porque formamos profesionales y producimos conocimiento, sino porque ese conocimiento debe estar al servicio de nuestra sociedad y contribuir con las decisiones que comprometen el futuro del país.
Por estas razones, convocamos al Congreso de la Nación y al conjunto de la sociedad argentina a promover un debate amplio, informado y responsable, y a preservar un marco normativo que limite la extranjerización y concentración de la tierra, proteja nuestros bienes naturales estratégicos y garantice que las decisiones sobre el territorio argentino permanezcan bajo la soberanía y la jurisdicción de la República Argentina.
La tierra no es solamente propiedad. Es territorio, comunidad, recursos, futuro y soberanía.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2026
Comité Ejecutivo
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
