En todo el país, la Argentina levantó su voz en defensa de las causas justas. Discapacidad, el Garrahan y la salud pública, nuestros jubilados y jubiladas, las Universidades públicas y el sistema científico. Se sintetizaron en ese reclamo colectivo y multitudinario, las cosas importantes que debemos cuidar y definen una Nación; quienes más nos necesitan, las instituciones que nos dan prestigio en el mundo entero, las que todos los días producen lo que le transforma la vida a nuestra gente.
Frente a la falta de respuesta y sensibilidad, la negación al diálogo, la difamación y los agravios; y la profundización del ajuste y el desfinanciamiento, salimos a la calle por tercera vez para pedirle al gobierno del Presidente Javier Milei que cese en el hostigamiento, y a nuestros legisladores, representantes del pueblo de la Nación en el Congreso, que por favor no abandonen a la salud y la universidad pública, a la ciencia nacional, que cuiden a nuestros mayores y a los más jóvenes.
Somos millones de personas que todos los días asistimos a nuestras universidades en busca de una vida mejor y de un país mejor, y eran ustedes, nuestros representantes en el congreso, quienes tenían en sus manos la decisión para sostener la educación superior y el sistema científico. Les habíamos pedido que actúen con memoria, y sabíamos que muchos de ustedes son graduados de la universidad pública argentina y les pedíamos que cuando tuvieran que tomar la decisión, frente al veto y después en el debate presupuestario para el 2026, lo hagan como dignos hijos de nuestra Universidad, garantizando que las generaciones del presente y las que vengan, tengan las mismas posibilidades que ustedes tuvieron. Nos emociona saber que lo hicieron y por tan contundente mayoría.
Habíamos advertido responsablemente y con vehemencia desde hace dos años la gravedad de la situación porque no queríamos llegar a este punto, pero lo cierto es que a pesar de ello, la crisis de FINANCIAMIENTO parecía no tener fin y si no se revertía a tiempo, seria terminal.
En estos años TODO SE HA AGRAVADO.
La pérdida presupuestaria en términos reales está por encima del 30 por ciento y cada mes se pronuncia más. Ninguna novedad después de dos años respecto de 90 obras de infraestructura paralizadas y sin financiamiento.
La crisis salarial y de condiciones laborales que padecen quienes trabajan como docentes y nodocentes no tiene precedentes: la gran mayoría está con salarios por debajo de la línea de la pobreza y la experiencia que nos atraviesa es la de angustia de no llegar a fin de mes, el pluriempleo y la pérdida de recursos humanos muy valiosos. La clase trabajadora en su conjunto está padeciendo estas políticas de ajuste, de destrucción del Estado y de sus capacidades para garantizar derechos y bienestar social.
La política de reducción salarial que el gobierno nacional aplica sobre el sector público afectó de manera particular y feroz al sector universitario. El propio gobierno reconoce en el decreto del veto que hay más de 110 % de diferencia negativa entre inflación e incrementos salariales y aún así niega las paritarias. La recuperación salarial exige más del 40% de incremento sobre el último mes.
Este ajuste deteriora las jubilaciones y también la salud de quienes trabajan en las universidades públicas por el desfinanciamiento de las obras sociales o los departamentos de salud. Hacer el trabajo propio de la actividad universitaria – docencia, investigación, extensión, administración y gestión – no sólo requiere presupuesto si no salarios acordes porque con vocación no alcanza. Este deterioro del salario, nunca antes visto con esta magnitud, afecta la calidad y excelencia académica.
Igual crisis atraviesa el sistema científico, sin respuesta alguna del gobierno nacional. La paralización de la Agencia I+D+i —principal organismo de promoción de la investigación, la generación de conocimiento y la innovación productiva— dejó sin recursos a miles de grupos de trabajo. Esta interrupción afectó la continuidad de proyectos, la apertura de nuevas líneas, la formación de jóvenes investigadores y la vinculación internacional.
A ello se suma la drástica reducción en el ingreso a la carrera de investigador del CONICET y la ausencia de llamados en los últimos dos años que limita la incorporación de nuevas generaciones y precariza trayectorias sostenidas con becas sin horizonte de estabilidad. El desaliento de vocaciones y la “fuga de cerebros” comprometen la soberanía científica y tecnológica, debilitando además los aportes hacia el sector productivo.
El panorama se profundiza con la falta de inversión en infraestructura y equipamiento, la interrupción de programas estratégicos y el ataque a organismos como el INTA, el INTI o el BNDG, hoy sometidas a un desfinanciamiento similar al de las universidades.
Ciencia es Universidad, nuestras casas de estudio representan más del 60% de la investigación y forman a quienes constituyen la base del desarrollo nacional. El ajuste que sufren universidades y organismos de ciencia y tecnología no solo compromete el presente, sino que concreta una pérdida estructural de capacidades que llevará años recomponer si no se revierte de inmediato.
Los problemas que enfrentan estudiantes de todo el país se agravan día a día y tampoco hay respuestas. No se actualizan las becas universitarias, se profundizan las restricciones en todos los programas de asistencia con requisitos cada vez más excluyentes que dejan a miles de estudiantes afuera, y no hay una sola política universitaria de la Nación orientada a fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso. En un contexto económico como el que atraviesa la Argentina, estas cosas son muchas veces definitorias para que alguien pueda continuar con sus estudios y la triste realidad es que sin asistencia ni compromiso de la Nación, estudiantes de todo el país son forzados a abandonar sus carreras. Exigimos actualizar becas conforme la inflación, establecer requisitos serios pero no excluyentes, diversificar programas y convocatorias, garantizar un boleto educativo federal y poner en el centro de todos los esfuerzos a nuestras y nuestros estudiantes, razón de ser del sistema universitario.
El veto del Presidente Milei a la ley de financiamiento representaba un nuevo ataque al derecho a la educación, a la soberanía, a la justicia social y al futuro de la juventud. Era un proyecto responsable fiscalmente que resolvía los problemas más urgentes. Una ley a favor de todos que hoy gracias al compromiso del Congreso empieza a tener vigencia.
Queremos decirlo con claridad: No hay posibilidad de garantizar el desarrollo normal de nuestras actividades sin ley de financiamiento, del mismo modo que no hay futuro para la Universidad pública sin un presupuesto razonable y aprobado por el Congreso para el 2026.
Por eso pedimos a senadores y senadoras que confirmen lo decidido hoy por la Cámara de Diputados y al Presidente de la Nación que una vez decidido, promulgue sin más dilaciones la ley de Financiamiento para no clausurar el sueño de miles de compatriotas. Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia y sin ciencia ni universidad no hay futuro. Agradecemos a la sociedad argentina otra muestra extraordinaria y conmovedora de solidaridad con su Universidad pública, de compromiso con las causas justas.
Todas y todos somos la Universidad pública argentina. Hijos e hijas de una patria que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de movilidad social ascendente extraordinario, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo. Y para un digno hijo de una institución con esa historia, cualquier cosa está permitida excepto no defenderla. Para que las generaciones por venir puedan soñar con un futuro mejor y más justo. Para que la Argentina que nos merecemos sea posible.
¡Gracias diputados y diputadas! ¡Gracias Argentina!
¡Universidad pública siempre!
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2025
Frente Sindical de Universidades Nacionales
Federación Universitaria Argentina (FUA)
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
