Reunidas y reunidos en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestamos:
Ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795, aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma.
Dicha ley garantiza el funcionamiento mínimo del sistema universitario durante el 2025 y es absolutamente falso que provoque desequilibrios fiscales. Por el contrario, asegura la continuidad de una política pública esencial para la educación superior y para la sociedad argentina en su conjunto.
El millón de firmas que acompañamos en la Cámara de Diputados refleja, claramente, lo que nuestra sociedad espera del gobierno nacional: el reconocimiento del derecho a una educación pública de calidad y el compromiso del Estado con su financiamiento.
Hace más de dos años, en esta misma ciudad de Rosario, antes de las elecciones nacionales, advertimos sobre la necesidad de consolidar y proteger al sistema universitario público. Hoy reiteramos aquellas convicciones.
La educación pública constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de nuestra nación. Desde los primeros pasos de la Argentina independiente, surgieron escuelas públicas para difundir la educación y fortalecer la identidad nacional. Reafirmamos que:
“La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por políticas públicas. La educación no puede ser un negocio para pocos. La educación forma mujeres y hombres en valores democráticos y universales, preparándolos para su inserción en el sistema productivo y en el tejido social, para contribuir al desarrollo y al crecimiento inclusivo de nuestra nación.”
Por eso ratificamos que “este sistema es fruto del esfuerzo de la Argentina, construido por generaciones de jóvenes y adultos mayores, con la convicción de que el estudio, el esfuerzo y la educación son una herramienta de transformación y de inclusión, un canal de movilidad social ascendente que mejora a las personas y, fundamentalmente, a la sociedad”.
En consecuencia, exigimos a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación la inmediata puesta en funcionamiento de la Ley N° 27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, herramienta indispensable para evitar un mayor deterioro del sistema universitario público argentino y, en definitiva, para no comprometer el futuro de nuestro país.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Rosario, Santa Fe
29 de agosto de 2025
