El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechaza las declaraciones del Secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien calificó como un “acuerdo de casta” la posición compartida por las autoridades universitarias en defensa del financiamiento de la educación pública. Esa descalificación resulta especialmente grave en boca de quien tiene la responsabilidad de conducir políticas educativas, promover el diálogo institucional y garantizar las condiciones para enseñar y aprender.
La coincidencia entre universidades de distintas provincias, trayectorias y orientaciones expresa un consenso democrático sobre una responsabilidad común, sostener el derecho a la educación superior y las capacidades científicas, profesionales y culturales de la Argentina. Convertir ese acuerdo en una sospecha pretende deslegitimar a los interlocutores para evitar responder a sus argumentos.
El financiamiento es una condición del derecho a estudiar.
El Secretario contrapone el reclamo de recursos con las transformaciones que beneficiarían a los estudiantes. Esa oposición es insostenible. Los salarios permiten sostener las clases; las becas, continuar los estudios; los recursos de funcionamiento, abrir aulas, bibliotecas y laboratorios. Financiar esas condiciones constituye una responsabilidad educativa concreta.
Mejorar el ingreso, la permanencia y la graduación exige decisiones académicas y recursos adecuados. Ninguna política de acompañamiento puede sostenerse indefinidamente sobre salarios deteriorados, equipos sobrecargados e infraestructura insuficiente. La calidad requiere evaluación y cambios, pero también condiciones materiales para llevarlos adelante.
El CIN ha presentado una propuesta presupuestaria para 2027 por 11 billones de pesos, aprobada en su plenario de Río Negro y sometida a consideración pública. Corresponde discutir sus fundamentos y necesidades con información verificable. Un calificativo agraviante no reemplaza esa discusión.
Una participación porcentual mayor no demuestra que no exista ajuste.
El argumento de que las universidades aumentaron su participación dentro del presupuesto nacional no permite concluir que sus recursos sean suficientes ni que hayan recuperado capacidad de funcionamiento.
Una proporción puede crecer porque disminuye el conjunto sobre el que se calcula. Para evaluar el financiamiento universitario deben considerarse el poder adquisitivo de las partidas, su ejecución efectiva, la evolución salarial, la matrícula, los costos y las responsabilidades del sistema.
Exigimos que la discusión presupuestaria presente esas dimensiones de manera conjunta. La comparación entre porcentajes aislados no responde cuántas clases, becas, prácticas profesionales o investigaciones pueden sostenerse con los fondos disponibles.
Evaluar con rigor exige comprender qué se está comparando.
La utilización del egreso en el tiempo teórico de las carreras como medida concluyente de desempeño confunde un indicador parcial con una evaluación integral. Quienes completan sus estudios después del plazo previsto también se gradúan. Demorar una trayectoria no equivale a abandonarla.
Comparar instituciones públicas y privadas exige explicitar las cohortes, las metodologías, las disciplinas y las condiciones de sus estudiantes. Deben contemplarse, entre otras variables, el trabajo remunerado, las responsabilidades de cuidado y las desigualdades de formación previa. Sin esos recaudos, las cifras pueden describir poblaciones diferentes antes que desempeños institucionales comparables.
El aumento de la planta docente tampoco demuestra por sí mismo ineficiencia: debe analizarse junto con la matrícula, las dedicaciones, las nuevas instituciones y carreras y las tareas de investigación y extensión.
Asumimos la responsabilidad de mejorar la graduación. Precisamente por eso rechazamos que se utilicen las dificultades estudiantiles para justificar políticas que pueden profundizarlas. Una universidad que recibe a quienes enfrentan mayores obstáculos necesita herramientas para acompañarlos hasta el título.
La transformación universitaria requiere instituciones fuertes.
La acusación de inmovilismo desconoce el trabajo de las comunidades universitarias. El propio encuentro de Río Negro, que aprobó la propuesta presupuestaria, se desarrolló junto con el II Congreso Nacional de Innovación Universitaria. Allí se expresó una agenda de reflexión y transformación del sistema.
Tenemos disposición para discutir planes de estudio, reconocimiento de trayectorias, organización académica, articulación educativa y mejores mecanismos de evaluación. Esa discusión debe construirse con participación y evidencia. El cumplimiento del financiamiento no puede quedar condicionado a la adhesión de las universidades a las preferencias del gobierno.
Transparencia y responsabilidad para todos.
Las universidades rinden cuentas por los recursos que administran, y usted lo sabe. Nuestra información es pública, elevada periódicamente al Poder Ejecutivo Nacional y sometida a controles legales rigurosos. Y está muy bien que así sea. Defendemos la necesidad de controles efectivos, información accesible y evaluación pública, mediante los procedimientos y organismos que correspondan.
Por esa misma razón, reclamamos que el Poder Ejecutivo informe con igual claridad qué fondos presupuesta, cuáles transfiere, qué obligaciones mantiene pendientes y cómo fundamenta sus prioridades.
Proponemos una instancia pública de seguimiento del financiamiento universitario, con información comparable sobre créditos, transferencias, ejecución y necesidades. Toda denuncia sobre irregularidades debe acompañarse de pruebas y tramitar por las vías institucionales pertinentes. La sospecha generalizada no constituye una auditoría, es solo una descalificación malintencionada y sin fundamentos.
El núcleo del conflicto sigue siendo el incumplimiento de la ley.
El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto presidencial. El reclamo cuenta, además, con decisiones judiciales favorables, tal como expresó el documento de la quinta Marcha Federal Universitaria. La controversia compromete el respeto a las instituciones y a las obligaciones del Estado.
El gobierno puede expresar sus diferencias, formular propuestas y utilizar los mecanismos constitucionales correspondientes. Debe, al mismo tiempo, cumplir las obligaciones exigibles. La descalificación de las autoridades universitarias no modifica esa responsabilidad.
No se trata de un conflicto del CIN con el gobierno, es un conflicto del gobierno con la ley y el Estado de derecho que lesiona la capacidad de la universidad pública argentina y con ello perjudica al país en su conjunto.
El CIN reclama el cumplimiento de la ley, un presupuesto suficiente y previsible, la recomposición salarial y el fortalecimiento de las políticas de bienestar estudiantil. Convoca a una discusión pública seria sobre calidad, inclusión, transparencia y desarrollo nacional.
La defensa de la universidad pública reúne a personas e instituciones con diferencias profundas porque está en juego algo que las trasciende, la posibilidad de que estudiar, investigar y producir conocimiento sigan formando parte del futuro argentino.
Señor Secretario:
En tres años, no dijo ni hizo nada por la educación superior. No respondió notas cursadas formalmente ni advertencias efectuadas a tiempo que procuraban atender problemas que luego fueron agravándose; no convocó, no elaboró, no diseñó ni propuso nada más allá del ajuste y la descalificación. Sin embargo, levanta una voz acusatoria cuando con desinterés mira un problema propio como si fuera ajeno. Aún con todo, en buena hora que comience a hacerse cargo.
Verá que respondemos su extensa desconsideración en la comparecencia ante la Comisión en Diputados con respeto y argumentos. Pedimos igual trato:
responda con información, dialogue con respeto con las instituciones, asuma su responsabilidad y cumpla con la Ley. La universidad pública se transforma con políticas y recursos. Descalificarla no resuelve ninguno de sus problema, solo erosiona su legitimidad, afectando a la nación toda.
Por último, solicitamos formalmente a las autoridades de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional que habiliten la participación de las autoridades de este Consejo y representantes de la comunidad universitaria en la próxima reunión previo a que se dictamine. Siempre es saludable escuchar la voz de los actores involucrados, más aún cuando se trata de un tema de orden público. Pero luego de las reiteradas referencias formuladas por las autoridades educativas nacionales en la reunión de comisión, corresponde que se conceda la palabra a quienes fueron aludidos directamente, garantizando el derecho a réplica y la posibilidad de rebatir argumentos e intercambiar impresiones.
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
21 de octubre de 2026
